Punt de Referència reivindica viabilidad en el despliegue de la regularitzación
La cifra de beneficiarios puede reducirse significativamente por una tramitación muy compleja, con plazos muy cortos, y la exigencia de documentación que ahora mismo no puede conseguirse
Vemos con cierta inquietud la falta de información sobre la regularización para poder acompañar debidamente a las personas interesadas
Ante la aprobación del Gobierno para empezar a tramitar una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya viven en el Estado, desde Punt de Referència instamos a la administración a hacer de este un proceso viable, transparente y ágil para todas las personas que decidan acogerse a ella.
Celebramos esta medida largamente reivindicada por el movimiento social y que podría beneficiar a más de 150.000 personas migrantes que viven en Catalunya, cifra que asciende hasta el medio millón en el conjunto del Estado y que supone un progreso en la mejora de los derechos de las personas, en este caso de aquellas que han pasado por un proceso migratorio. Sin embargo, queremos alertar de que esta cifra puede reducirse muy significativamente por culpa de una tramitación con plazos muy cortos, y la exigencia de documentación que ahora mismo no se puede conseguir.
Como entidad que acompaña jóvenes en situación de irregularidad administrativa, estos días estamos participando en espacios informativos y de consulta dirigidos al óptimo despliegue del Decreto en el que trabaja el Consejo de Ministros. En estos, hem detectado ciertas contradicciones que podrían excluir a muchas personas de la regularización, y convertirse esta medida en un proceso ineficiente, que genere aún más angustia y frustración a personas que viven ya situaciones de exclusión por su irregularidad administrativa.
A corte de ejemplo, queremos advertir que documentación que podría ser exigible como el padrón puede suponer una barrera, puesto que numerosos ayuntamientos están denegando el registro a personas que viven en estos municipios.
Además, el uso de certificado digital obligatorio en los trámites a personas con evidentes dificultades para conseguirlo puede suponer otra barrera para esta medida. Por ello, consideramos que tendrían que habilitarse puntos de tramitación presenciales específicos y suficientes de la administración estatal, con recursos extraordinarios para evitar la saturación del sistema.
Queremos reiterar que esta medida es positiva, en tanto que amplía los derechos de las personas que han vivido un proceso migratorio, y por ello también consideramos que la agilidad en la regularización administrativa tendría que ser una cuestión establecida y no puntual al servicio de las lógicas políticas.