Más impedimentos legales para el futuro de la juventud migrante

La nueva reinterpretación de la Ley de Extranjería dificulta la renovación de residencia de centenares de jóvenes. Este nuevo obstáculo pone en peligro no sólo su situación administrativa sino también sus orientaciones formativas y profesionales.

Sara Montesinos
Fotografías: Clàudia Frontino

Dice Mourad que lo tiene todo planeado. Es plenamente consciente de las dificultades a las que se afrenta a causa de la Ley de Extranjería y por eso contempla diversas opciones para continuar su camino en Cataluña. A sus 19 años, lidia de forma constante con trámites burocráticos, gestiones de papeles, servicios de protección de la administración y un largo etcétera que otros jóvenes a su edad ni tan solo imaginan.

Llegó al Estado Español el año 2017, cuando tenía solo 15 años, y desde Almería en un autobús hacia Barcelona. Mourad, como miles de otros jóvenes marroquíes, dejó su ciudad natal, Nador, para luchar por una vida mejor con más oportunidades persiguiendo el sueño europeo que arrastra frustraciones, dolor y náufragos. 

“Pasé más de un año en el centro de acogida de menores. Allí aprendí a leer. Estuve muy bien y es una época que nunca olvidaré», explica, “tenía un educador rifeño como yo, Fouad. Con él aprendí el idioma, era muy buena persona y muy buen profesor, con él me concentraba”. Aún y así, después del centro de Vallvidrera fue trasladado a un piso de autonomía para menores de Torre Baró. Allí compartió piso con cuatro jóvenes y más educadores, pero ya no era lo mismo y pronto tuvo que prepararse para la mayoría de de edad.

“Yo era un chico responsable, quería estudiar y me portaba bien, pero cuando cumplí los  18 años todo se me desmontó. A los 18 y tres meses salí a la calle», recuerda.

Mourad es uno de los muchos jóvenes que quedó a la calle poco después de cumplir la mayoría de edad, “lo pasé muy mal y sentí que lo había perdido todo”. Per suerte, en su red de amistades y conocidos encontró un techo donde pasar las noches y ahora, poco a poco, mira de volver a estabilizar su rutina. Aún y así, la pesadilla burocrática continúa.

El pasado mes de julio, las entidades FEDAIA, ECAS y FEPA (que lidera la campaña “Un callejón sin salida”, de la cual formamos parte) denunciaban en una nota de prensa el endurecimiento de los criterios para renovar la residencia para jóvenes mayores de 18 años. Por un cambio de interpretación en la Ley de Extranjería, los jóvenes  extutelados no podrán renovar los permisos de residencia sin medios propios. 

El cambio afecta principalmente en el incremento del porcentaje del IPREM del que han de disponer los jóvenes de hasta 540€ en la primera renovación y hasta 2.100€ en la segunda. El endurecimiento además, no se trata solamente del incremento de los medios propios sino que estos no podrán derivarse del apoyo para la emancipación de que puedan beneficiarse tanto entidades como la administración. 

Este cambio, que se denuncia desde mediados de 2020, empieza a notarse en este primer trimestre de 2021, en el que las renovaciones de residencias de decenas y centenares de jóvenes extutelados empiezan a llegar denegadas por el Gobierno del Estado. De otro lado, si la situación de la juventud en Cataluña ya es compleja por lo que se refiere a retos laborales y emancipación, las exigencias que la Ley de Extranjería pide a la juventud migrante son desproporcionadas y casi imposibles de conseguir. 

Según el último estudio de Fotocasa, el año 2019 la edad media de emancipación en el Estado Español era de 32 años. En este sentido, con excepciones en pisos para jóvenes extutelados y prestaciones que no todos adquieren, se eles exige a los chicos y chicas migrantes que tengan autonomía 14 años antes que otros jóvenes con otros privilegios. Además, según los últimos datos del Idescat, que fechan de 2018 y a la espera de los efectos de la crisis de la Covid19, el salario medio de los jóvenes menores de 25 años no llega a los mil euros mensuales netos. A todo eso hay sumar que el precio medio de alquiler a la ciudad de Barcelona es de 973€ mensuales y 737€ en Cataluña.

La nueva interpretación de la Ley de Extranjería, más allá de condenar centenares de jóvenes a la irregularidad administrativa, continúa poniendo trabas a sus proyectos de vida. En el caso de Mourad, el ejemplo más claro es la formación. Como muchos otros jóvenes, él ha querido ampliar sus estudios. La situación en que quedó después de salir del centro le ha permitido que así fuera y no tiene previsto dejar de estudiar. Con 19 años, y siendo la primera renovación desde la mayoría de edad, el apoyo económico que recibe no le permite justificar medios propios.  

“Antes era más fácil, ahora te hacen decidir entre trabajar o estudiar aunque queramos esforzarnos a tener un buen trabajo”, explica.

Además, el estremecimiento emocional que supone el miedo a perder el permiso de residencia afecta también el día a día y las rutinas de los jóvenes, “veo los amigos sufrir muchísimo, y me sabe muy mal”, asegura Mourad. Después de toda una trayectoria de centros y formaciones, este nuevo obstáculo burocrático deja en papel mojado la inversión de la Administración.

En eso, Mourad lo tiene claro “hemos aprendido el idioma, hemos estudiado para trabajar y aportar nuestra parte al país y ahora nos dejaran sin papeles”.

Alba Pi, técnica del Proyecto Atenea de Punt de Referència donde fue educadora de Mourad, comparte las preocupaciones de la juventud “no saben qué pasará y afrontar el día a día con esta inseguridad genera muchas vivencias de inestabilidad, estrés y angustia que dificultan seguir con sus trayectorias de emancipación”. Además, Alba asegura que las profesionales se encuentran que algunas de las personas que acompañan, después de hacer un esfuerzo muy grande para aprender la lengua con un tiempo récord y acceder a estudios superiores, con la amenaza de perder la documentación están dejando los estudios y perdiendo la posibilidad de aprender un oficio y encontrar trabajos menos precarios. 

Mientras diferentes agrupaciones de entidades del tercer sector social como FEPA, Fedaia y ECAS piden la revocación de esta reinterpretación de la ley, jóvenes como Mourad continuan viendo reducir su futuro formativo y profesional. La emancipación que de media llega a los 32 años, en el caso de los jóvenes que migran solos se convierte en una carrera llena de obstáculos cuando a veces ni tan siquiera han superado la adolescencia.